Tras conmemorar los 40 años de ayuntamientos democráticos, desde Compromís creemos que es momento de hacer reflexiones y propuestas que apuesten por un nuevo municipalismo, ampliado y garante de servicios de calidad a la ciudadanía. Así nació la Carta d’Alacant, que ya fue aprobada por unanimidad en la Diputació d’Alacant, a propuesta de Compromís, y esperamos que así ocurra en las instituciones locales alicantinas.
Estamos ante una declaración política que nace de las necesidades de nuestros pueblos y ciudades y que busca acuerdos y consensos amplios y transversales; y no solo en las comarcas alicantinas, pues en varios de sus acuerdos es exportable al resto del Estado. De hecho, cuestiones como ampliación y flexibilización del techo de gasto o de la tasa de reposición de personal lo compartirán la inmensa mayoría de cargos electos locales, que ven cómo se les impide invertir su superávit económico o abrir convocatorias de empleo público que mejoren la carencia de policías o técnicos que requieren todos los ayuntamientos. Además, también encontraremos unanimidades si de lo que hablamos es de la simplificación de una burocracia en una Administración que necesita mucha agilidad porque responde (o debe responder) a los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Esta declaración política exige que la nueva fase de descentralización política del Estado llegue a la Administración local. Porque la vuelta al pasado del centralismo autoritario es dar un portazo a décadas de mejora de los servicios públicos, el bienestar de las personas, cohesión y las políticas de proximidad. Es dar el espaldarazo definitivo a un madrileñismo político ineficaz, preautonómico que viene actuando como palanca de acumulación exagerada de recursos, oportunidades, déficit y nepotismo. Un modelo que vacía de recursos y personas los territorios periféricos y que rehuye proyectos de gran impacto económico y social como la apuesta por una red de trenes sostenibles de cercanías o el propio corredor mediterráneo.
La consolidación de la nueva arquitectura institucional del Estado necesita, además de resolver cuestiones centrales como el nuevo encaje de las Comunidades Autónomas o la deuda histórica y el maltrato fiscal e inversor al territorio valenciano, asumir demandas reiteradas de un municipalismo que, en general, ha hecho los deberes, presenta las cuentas saneadas y es la Administración más próxima en todos los matices de esta palabra de cara a la ciudadanía.
Por eso la Carta d’Alacant reivindica:
- Reforma de la financiación de la Administración local, con criterios de corresponsabilidad fiscal, y que contemple específicamente, además de la población, la carga turística y la tipología urbana a la hora de medir el coste de los servicios públicos. En el ámbito de las diputaciones se exige el reparto justo de los fondos con criterios objetivos, autonomía y reduciendo burocracia. Junto a ello, hay que exigir –tal y como se ha cumplido en los presupuestos del Botànic del 2020- que la provincia de Alacant tenga una inversión estatal adaptada a su peso poblacional.
- Modificar la Regla de Gasto aplicable a las administraciones locales con superávits continuados, ampliando los supuestos que permitan un mayor margen de gasto no financiero en el catálogo de las inversiones consideradas financieramente sostenibles, así como aumentar los supuestos que permiten el aumento del gasto o la consignación de gastos extraordinarios. También resulta urgente excepcionar de la aprobación de un Plan Económico Financiero los supuestos de incumplimiento por el uso del remanente positivo de tesorería.
- Revertir los recortes. El Estado ha de autorizar a las administraciones locales a poder contar con un mayor margen en las convocatorias de trabajo público, atendiendo a criterios objetivos como la población y especialmente a la recuperación de los puestos de trabajo amortizados desde el año 2010 por las bajas tasas de reposición. De la misma manera, hay que simplificar el régimen de la contratación menor en la Ley de Contratos del Sector Público (LSCP), revisando la regulación de elementos como la necesidad y recurrencia de ciertos gastos de carácter municipal. Todo ello manteniendo los criterios de competencia de licitadores y máxima transparencia.
- Justicia en el trato inversor del Estado. Exigimos toda una serie de inversiones en infraestructuras ferroviarias que ya hace demasiado tiempo que deberían haber llegado a las comarcas alicantinas. Desde cumplir con el Plan de Cercanías a la conexión de Alacant y Elx con el Aeropuerto, o el tren de la Costa, o la línea a Murcia, o la conexión Xàtiva-Alcoi, o el Corredor Mediterráneo y su conexión con el Puerto de Alacant, así como situar aquí donde comienza el desierto, y somos zona cero de la crisis climática, un organismo de carácter estatal que coordine la investigación y las estrategias ante la Emergencia Climática.
Lanzamos estas propuestas nacidas de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Es por ello que esperamos aprobar en el próximo Pleno ordinario del Ajuntament de Sant Joan esta Carta d’Alacant que representa un acuerdo político compartido de reivindicación del municipalismo y su papel central en nuestra democracia y arquitectura del bienestar. Reivindicar mayor descentralización es, por tanto, apostar por la proximidad y la atención personalizada. Mayor calidad en los servicios, mayor bienestar y mayor democracia han de ser los ejes sobre los que pivote una nueva reforma municipalista en nuestro país. Esta es la aportación que humildemente hacemos desde Compromís.
Sergio Agueitos Soriano. Portavoz de Compromís Sant Joan